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Envían a las rejas a empresaria que pagaba sobornos a los hermanos Becerril

La Sala Penal de Apelaciones Vacacional de Lambayeque rechazó la apelación de Mirtha Gonzales Yep contra el mandato de prisión.

La Sala Penal de Apelaciones Vacacional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la orden de detención preliminar dispuesta en su momento por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo contra Mirtha Cristina Gonzales Yep, representante de la empresa colombiana Constructora CRD.


Mirtha Gonzales, quien radica en Miami, Estados Unidos, fue denunciada por el fiscal de Crimen Organizado, Juan Carrasco Millones, por haber abonado sobornos a los hermanos Becerril Rodríguez y al exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, a cambio de recibir sin licitación una obra pública por 11 millones de soles.

Si bien Mirtha Gonzales figuró en la segunda lista de implicados con orden de detención preliminar, no fue ubicada por la Policía el pasado 13 de diciembre del 2018 y posteriormente su defensa apeló la orden dada por el Poder Judicial.

Por su parte, Percy Panta Burga, abogado defensor de Mirtha Gonzales, argumentó que su patrocinada en ningún momento quiso evadir la justicia y que su estadía en los Estados Unidos se debe a que ella reside en dicho país y no en el Perú, por lo que la orden de detención se dio cuando ella estaba en Miami por motivos de trabajo.

En tanto, el fiscal de Crimen Organizado, Juan Carrasco, ratificó que Mirtha Gonzales había actuado como representante legal de Constructora CRD con el propósito de adjudicarse la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos de Chiclayo, a cambio de abonar coimas al exalcalde Cornejo y a los hermanos Becerril.

Panta Burga dijo que su patrocinada es consciente de que la orden de captura sigue vigente, pero que ella está dispuesta a someterse a las investigaciones pues sostiene que es inocente. Al respecto, si bien el letrado no quiso dar más detalles sobre la posición que tomará Gonzales Yep, adelantó que ella no corroboraría lo dicho por los sentenciados Boris Bartra Grosso y Antonio Becerril Rodríguez, quienes en su momento admitieron haber “negociado” con la empresa CRD Filial Chiclayo.

El abogado de la investigada sostuvo incluso que ella tiene la documentación para demostrar que no era representante legal de la compañía, sino asesora comercial de la misma. Otro de sus argumentos es que la comuna de Chiclayo no tenía injerencia en la entrega de la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos (que fue obtenida por CRD), sino que ello recaía en la Cooperación Suiza, por lo que pediría que sus funcionarios sean citados a declarar.

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