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Martín Salas: “Hay un poder político oscuro que quiere frenar las investigaciones de corrupción”

Salas señaló que los jueces pueden apartarse del reciente fallo en casación sobre prisión preventiva con un fundamento debidamente motivado.

El fiscal anticorrupción Martín Salas señala que las recientes críticas a la prisión preventiva responden al interés de un poder político oscuro que pretende golpear el correcto actuar de la Fiscalía en casos emblemáticos. Advierte que el anuncio de modificar esta medida es una intromisión que quiere afectar la lucha contra la corrupción.



Se están cuestionando las órdenes de detención preventiva dictadas en las investigaciones por el caso Odebrecht, que involucra a políticos. ¿Qué función tiene esta medida?

La prisión preventiva es una herramienta procesal que permite cautelar la presencia del imputado en el desarrollo de la investigación, si es posible, incluso hasta la obtención de la sentencia. También es una garantía de que se llevará el curso regular del proceso sin ninguna interrupción u obstaculización por parte del imputado.



¿Cuándo se aplica?

Cuando existe un peligro de fuga, de evasión de la persecución penal, o cuando la conducta procesal del imputado sea no solo evasiva, sino obstruccionista, vale decir, está en la posibilidad de amedrentar testigos u ocultar pruebas por el cargo o poder que ocupa, sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios.



¿Cómo miden el riesgo de fuga o de obstaculización?

Cuando hablamos de una inminencia de que el imputado evada la acción de la persecución penal. No son posibilidades a futuro o inciertas. Primero vemos a la conducta procesal del imputado: si tiene antecedentes evasivos, por ejemplo, para huir de la investigación emula una persecución política y pide asilo a una embajada sabiendo que no hay ninguna connotación política en el caso; ha huido en casos anteriores del país; ha desobedecido órdenes emanadas de autoridad competente, como la presentación de documentos; no ha colaborado con el desarrollo de la investigación. Todo eso es evaluado por el fiscal como una gran posibilidad de peligro de fuga o una obstrucción en la obtención de la verdad.



¿Qué opina de las voces que afirman que se está abusando de la prisión preventiva?

No comparto esa posición. Hay una coyuntura política parcializada que, incluso, cuenta con el apoyo de un sector de la prensa. Es un poder político oscuro que tiene a sus líderes investigados y busca defenestrar la acción de las correctas investigaciones que viene haciendo la Fiscalía en estos casos emblemáticos. Están utilizando los medios de prensa para decir que las investigaciones no están llevando un curso regular, que los fiscales tienen ciertas tendencias políticas, que los testigos no son creíbles, que no existen pruebas, que hay un abuso de poder del fiscal. Bajo ese contexto creado por un interés particular, este poder político oscuro quiere generar una expectativa pública negativa frente al actuar del fiscal y la herramienta tan importante que es la prisión preventiva.



¿Dice que hay una campaña para desprestigiar a los fiscales desde el poder político?

Cuando existe una organización criminal, sus tentáculos se mueven en diversos ámbitos. Su base central puede estar en un poder del Estado, pero abarcan otras entidades...

Como el caso de "Los Cuellos Blancos"...

Efectivamente, esa fuerza política oscura con líderes investigados por gran corrupción a través de sus principales correligionarios y voceros, a la fecha vienen manipulando a la opinión pública a través de un sector de los medios de comunicación e incluso a través de algunos magistrados vinculados a determinados intereses, estos últimamente debilitados con la caída y puesta en investigación de los denominados "Cuellos Blancos".



¿El anuncio de algunos congresistas de modificar la prisión preventiva va en contra de la lucha anticorrupción?

A ellos no les conviene que investiguemos. Esta parcialidad política desesperada y oscura de proteger a sus líderes hace que dicho poder político pierda la brújula y privilegie sus intereses personales y de su partido frente al interés del país de combatir la corrupción y del pueblo de encontrar justicia. ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué lo hacen ahora que varios de sus líderes están siendo sometidos a prisión preventiva? Felizmente, el poder político es menor al poder del pueblo que sí está apoyando el trabajo de la Fiscalía, que actúa con autonomía e independencia.



En una casación, la sala del juez César San Martín señaló que no es suficiente la sospecha de fuga inminente y solo es posible cuando hay una prueba concreta de ello. ¿Cómo afectará las investigaciones?

En un incidente de prisión preventiva no podemos hablar de pruebas, allí se valoran elementos de convicción mínimos que nos permitan determinar que ocurrió un delito y está vinculado al imputado. No se pide una prisión preventiva diciendo que es responsable, porque prima la presunción de inocencia, sino que por las evidencias que reflejan la existencia de delito y por la conducta procesal del imputado, sus antecedentes de fuga, etc., nos vemos en la obligación de cautelar su presencia en el proceso con la prisión preventiva.



¿Ese fallo es vinculante o dependerá de cada juez?

Cuando hay una jurisprudencia vinculante es obligatoria en el Poder Judicial, pero no para el Ministerio Público, sin embargo, el fiscal debe adaptar su pedido a esta jurisprudencia. El juez se puede apartar de la jurisprudencia vinculante cuando hay un fundamento debidamente motivado por él. Tiene que mencionarla y expresar por qué se aparta de esa jurisprudencia y por qué no es aplicable para el caso. No hay que olvidar que a la fecha son más de cien investigados en estos casos emblemáticos, de los cuales once cumplen prisión preventiva, seis detención preliminar y el resto continúa el curso regular de su proceso en libertad con reglas de conducta y ciertas restricciones. Pero existen varios investigados que se han fugado, como Félix Moreno, el exjuez César Hinostroza y el expresidente Alejandro Toledo, entre otros. 


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