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Muñoz se corrió de Concejo Municipal para no responder sobre Graña y Montero | VIDEO

Regidor Víctor Aguilar cuestionó que exsocia de Odebrecht sea la concesionaria de la Vía Expresa Sur por 40 años.

Durante la última sesión del Concejo Municipal de Lima, realizada el último jueves, los regidores criticaron al alcalde Jorge Muñoz por la participación de la empresa Graña y Montero, exsocia de Odebrecht, en el relanzamiento del proyecto Vía Expresa Sur.



 “¿Por qué premiar a Graña y Montero con esta concesión por 40 años con peajes, después de lo que ya se conoce de su participación, sindicada por Jorge Barata, en el pago de coimas por la Interoceánica Sur?”, preguntó el regidor del partido Podemos, Víctor Aguilar, en la sesión.

También pidió la aclaración sobre si los 70 millones de dólares que se utilizarán para la expropiación de predios serán parte de los 200 millones dólares, monto total estimado de la inversión del proyecto, o si la comuna deberá asumir esa suma adicional.

Asimismo, precisó que, si bien se ha firmado una cláusula anticorrupción con la mencionada empresa, no sería suficiente. “Una declaración de esta empresa de buena conducta no implica que no van a caer en actos de corrupción. ¿Por qué beneficiar a esta empresa por 40 años?, ¿no existen más postores?, ¿no existen más iniciativas privadas?”, agregó.



Luego de que Aguilar terminara con su intervención, Jorge Muñoz no respondió los cuestionamientos y pidió al regidor enviar las preguntas por escrito. “Usted me ha escuchado, yo me he pronunciado en varias oportunidades. Pero, sin perjuicio de eso, le voy a pedir que lo haga por escrito como manda también el reglamento”, dijo la autoridad edil.



En el 2013, se firmó un contrato de concesión por dicha vía con la Concesionaria Vía Expresa Sur S.A. Y, la semana pasada, Muñoz anunció la reanudación del proyecto, cuya construcción demorará alrededor de dos años.

En ese momento, el alcalde de Lima indicó que se han realizado adendas al contrato, como una cláusula anticorrupción, las cuales deberán ser evaluadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Según esa cláusula, la empresa garantiza que, en el marco de dicho contrato, ni ella ni sus accionistas han participado en ningún acto ilícito.
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