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PPK hizo leyes para promover la corrupción y trabajó para Odebrecht desde el ministerio

Pedro Pablo Kuczynski no es un pobre viejito como aseguran algunos periodistas

Demoledora investigación del fiscal José Domingo Pérez llevó al juez Jorge Chávez Tamariz a dictar el arresto preliminar del ex Presidente. Hizo leyes para promover la corrupción y trabajó para Odebrecht desde el ministerio. “Temo morir en prisión”, habría dicho PPK.


Pedro Pablo Kuczynski acababa de tomar desayuno cuando un grupo de policías de la División de Investigaciones de Alta Complejidad llegó a su casa para arrestarlo la mañana del último miércoles 10. Ese día –exactamente tres años después de haber obtenido los votos necesarios para enfrentar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral- el ex Presidente de la República fue detenido preliminarmente por diez días y encerrado en la carcelera de la Prefectura por presunto lavado de activo en agravio del Estado.


PPK no supo qué decir cuando los agentes le comunicaron que tenían una orden de arresto preliminar en su contra. Luego llamó a uno de sus abogados, Nelson Miranda, y le pidió permiso para alistarse. Poco después Miranda y su médico, Jaime del Castillo, llegaron a la calle Choquehuanca. Kuczynski de 80 años, tenía la presión alta.



Antes de dejar su casa, el ex mandatario respondió una llamada de “W Radio” de Colombia. “Aquí hay una persecución. Yo he contestado a la Fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones. Yo veré que cosa me están pretendiendo decir”, dijo Kuczynski al medio de comunicación colombiano.


La trama que involucra al ex presidente de la República aparece narrada al detalle en una resolución de 24 páginas del Tercer Juzgado de Investigación Preparatorio. En este documento el juez recoge y hace suya la tesis fiscal contra Pedro Pablo Kuczynski.

El Ministerio Público desbarata los argumentos de defensa de PPK y lo coloca en el umbral de una acusación penal por lavado de activos. Kuczynski podría recuperar la libertad en los próximos días, pero difícilmente logará sortear un juicio oral en su contra.


El fiscal José Domingo Pérez acusa a Kuczynski de haber promovido en su condición de alto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, “normas adecuadas” para materializar los “acuerdos corruptos” con Odebrecht a fin de beneficiar a los brasileños con los contratos millonarios de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, y Trasvase Olmos. A cambio según la Fiscalía, la empresa de PPK, Westfied Capital Ltd., recibió fondos de la construcción por supuestos asesores financieros.
Durante el año 2007, de acuerdo al Fiscal Pérez, Kuczynski usó su compañía unipersonal para “recibir transferencias de la concesionaria IIRSA Sur”, liderada por Odebrecht. Y, una vez recibidos los fondos, depositó el dinero en su cuenta corriente del Banco de Crédito por un monto ascendente a 1 218, 347.66 dólares.

Con este dinero, según la investigación del Fiscal Pérez, el ex Presidente compró su residencia de la calle Choquehuanca N° 985-975, amortizó una cuota de 380, 029 dólares de un crédito hipotecario que tenía y canceló las deudas de su tarjeta de crédito Visa.

El Fiscal Pérez considera que tanto Kuczynski como su ex jefe Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la construcción Odebrecht, están comprometidos hasta el tuétano en el esquema corrupto de los brasileños. ¿Por qué?

De acuerdo a Pérez, Kuczynski fue el arquitecto legal de los proyectos corruptos de la interoceánica Sur y Trasvase Olmos.



Esa es una hipótesis que había sido desarrollada por este semanario (Hildebrandt en sus trece) y otros medios de comunicación. Pero es la primera vez que se plasma en un documento refrendado por el sistema judicial.

PPK fue el ministro de Economía, presidente de ProInversión y primer Ministro de Toledo, cuando la empresa brasileña fue favorecida con las licitaciones de la Interoceánica Sur y Olmos.

“Por tanto, se tiene que el imputado Kuczynski -En su condición de Ministro de Estado- habría tenido intervención directa (ello no se hubiera podido lograr si el imputado no gestionaba, impulsaba y proponía la adecuación del marco normativo para favorecer a dicha empresa), materializando el acuerdo corruptor sostenido entre Barata y Alejandro Toledo”, sostiene el documento judicial.


Pérez subraya que PPK aprobó un decreto supremo (N° 028-2002), con el que se autonombró funcionario encargado de elegir a los miembros del Comité de ProInversión y de conducir la licitación pública de la carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Lo hizo, afirma Pérez, para cerciorarse que Odebrecht ganara este contrato.

Una vez que Odebrecht obtuvo la buena pro, a pesar de que había sido cuestionada por la Controlaría, Kuczynski “gestionó e intervino” en la aprobación de una Ley (N° 28670) que declaraba de necesidad pública e interés nacional los proyectos interoceánica Sur y Olmos. Esta norma, según el fiscal Pérez, permitió que el consorcio liderado por la empresa Odebrecht “evadiera controles posteriores” de organismos fiscalizadores como la Controlaría.



Los negocios entre Odebrecht y Kuczynski se consolidaron el 17 de marzo del 2004, cuando la compañía unipersonal de PPK, el Banco de Crédito Y Odebrecht suscribieron un contrato de “asesoría”, mediante el cual Westfield Capital se hizo cargo de diseñar la estructura financiera para “cubrir” el financiamiento que le correspondía a Odebrecht en caso ganara la concesión de Trasvase Olmos. “En otras palabras, a pesar de no haberse adjudicado aún el contrato de concesión de Olmos, Odebrecht ya había contratado a la empresa de Kuczynski para que la asesorara en la estructuración de sus programas de bonos corporativos y colocación de los mismos por 100 millones de dólares”, señala el dictamen judicial que recoge la tesis del fiscal José Domingo Pérez.


Kuczynski cumplió en su palabra. El 21 de julio del 2004, cuando se desempeñaba como Ministro de Economía de Toledo, emitió un decreto supremo (N° 100-2004 – EF) en el que dispuso el otorgamiento de “las seguridades y garantías del Estado respecto a la inversión que realizara la empresa Trasvase Olmos S.A”. Es decir, el Estado se hizo responsable de garantizar el respaldo financiero de la obra, algo que no le correspondía. Un dia después Jorge Simoes Barata, a nombre del consorcio liderado por los brasileños, suscribió el millonario contrato de Trasvase

Olmos. El 11 de febrero del 2006 Kuczynski promulgó el Decreto Supremo con el aprobó una “garantía soberana” de hasta 401 millones 331mil dólares a favor de Odebrecht. PPK también dispuso un endeudamiento de 28 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para solventar los trabajos de la constructora brasileña. “En otras palabras, el Estado a través de las normas, prestó las facilidades necesarias para a fin de que la concesionaria Odebrecht viabilizara su estructura financiera y pudiera cumplir con el contrato”, según el fiscal Pérez. Y todo ello fue posible gracias al líder del partido Peruanos por el Kambio.

El expediente ha reiterado que los contratos entre su empresa unipersonal y Odebrecht fueron realizados de manera independiente por su socio chileno Gerardo Sepúlveda. El problema es que Sepúlveda no estaba inscrito como director u officer de Westfield en el 2004. Esa condición la obtuvo recién en 2006. Esto fue confirmado por Sepúlveda en un interrogatorio con el fiscal.

“Lo antes señalado hace colegir que el investigado Kuczynski, a cargo del pliego de Economía y Finanzas, no solo no solo conocía de las asesorías financieras (de su empresa) a Odebrecht, sino que también dispuso de sus influencias para llevar a cabo dichas asesorías” , según la resolución del juez Jorge Chávez.

(*) Escrito por Américo Zambrano. (Artículo completo en Hildebrandt en sus trece. Viernes 12 de abril 2019).
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